Uganda ha anunciado en los últimos días un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para acoger a los solicitantes de asilo que no obtienen el derecho de permanecer en territorio estadounidense y que rechazan regresar a sus países de origen.
La noticia ha sido confirmada por el ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, Harry Okello Oryem. El Ejecutivo africano ha establecido dos condiciones: que las personas expulsadas no hayan cometido delitos y que no se trate de menores no acompañados.
Aunque no se han revelado más detalles, el Gobierno ugandés ha expresado su preferencia por recibir a solicitantes de asilo de nacionalidad africana, rechazando tajantemente a aquellos provenientes de países donde los cárteles de la droga tienen gran influencia. Esta precisión se interpreta como una negativa a acoger a refugiados procedentes de América Latina, descartados por la Administración estadounidense.
Este es el primer acuerdo de Uganda de este tipo, mientras que para Estados Unidos forma parte de una política más amplia de expulsión de migrantes hacia África. En los últimos meses, Washington ha trasladado a varios solicitantes de asilo a Sudán del Sur y al reino de Eswatini.
La noticia refuerza la imagen de Uganda como país con una política de acogida marcada por la integración de los migrantes en el tejido económico y social.
Uganda se ha consolidado en los últimos años como un modelo de integración reconocido a nivel mundial. Actualmente alberga a 1,8 millones de refugiados procedentes de las principales zonas de crisis de África: Sudán, Sudán del Sur, Ruanda, República Democrática del Congo, Somalia, Eritrea y Etiopía. Existen 14 campos de refugiados en el país: el primero fue abierto en los años 50 y el mayor es Bidibidi, en la frontera con Sudán del Sur, de donde procede la mayoría de los desplazados. Estas cifras convierten a Uganda en el primer país de África en número de refugiados acogidos.
El fundamento de esta política radica también en el panafricanismo del siglo pasado, que inspiró medidas concretas como la aprobación en 2006 de una ley que regula los derechos y deberes de los refugiados. La norma reconoce la libertad de movimiento, de asociación y la igualdad de derechos respecto a los ciudadanos ugandeses en propiedad, educación y trabajo. Además, prevé mecanismos de microcrédito y asignación de viviendas para los recién llegados.
No obstante, el modelo muestra signos de agotamiento. En 2024 las estadísticas registraban unas 2 mil 500 nuevas llegadas semanales, una cifra difícil de gestionar para las autoridades de Kampala. A ello se suma la insuficiencia de fondos internacionales: según ACNUR, en 2024 solo se había cubierto el 13% de las necesidades. Esta situación ha empujado a muchos refugiados a abandonar Uganda en busca de mejores condiciones.
El acuerdo con Estados Unidos parece reafirmar la vocación acogedora del país africano. Sin embargo, dadas las dificultades internas, resulta poco realista pensar que los planes de expulsión masiva anunciados por Washington puedan apoyarse de manera efectiva en la llamada «solución ugandesa», más allá de anuncios y casos puntuales amplificados por los medios.
Crédito de la nota: Agencia Fides.
