Un total de 16 muertos y 30 heridos son las víctimas que dejó el bombardeo del pasado 3 de mayo, de dos campos de desplazados en Lac Vert y Mugunga, cerca de Goma, capital de Kivu Norte, en el este de la República Democrática del Congo.
La mayoría de las víctimas son mujeres y niños, según un comunicado de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC), que cuenta con una misión militar propia en la zona. El gobierno de Kinshasa culpa a la guerrilla del M23 y a las fuerzas armadas de la vecina Ruanda del bombardeo de los dos campos de refugiados.
La situación en Kivu Norte es dramática. Según la Coordinación de la Sociedad Civil en Bukavu, hay siete millones de desplazados en la vecina provincia de Kivu del Sur. «Las mujeres y las niñas sufren violencia sexual en los campos de desplazados, la tasa de desnutrición aumenta en niños, mujeres embarazadas y madres lactantes», afirma la coordinación.
«Lo que asombra a la gente es el silencio culpable de la comunidad internacional, más preocupada por lo que ocurre en Ucrania y en la Franja de Gaza, como si la vida de un congoleño no contara», dice el comunicado enviado a la Agencia Fides. «A pesar de su situación estratégica y de su pertenencia a diversas estructuras regionales, el gobierno de la RDC parece completamente superado por los acontecimientos», afirma la Coordinación de la Sociedad Civil.
La organización de la sociedad civil recuerda también que antes de la masacre del 3 de mayo se habían producido otras graves violaciones del derecho humanitario. El 29 de abril, el mercado central de Minova fue bombardeado mientras la Cruz Roja distribuía alimentos y medicinas a los desplazados; el mismo día, otra bomba había caído en Bushishi, a tres kilómetros de Minova, cerca de una fuente de agua; el 30 de abril, una bomba cayó en la residencia del director del centro hospitalario de Minova. Sólo esta localidad alberga 69 emplazamientos para personas desplazadas», recuerda la Sociedad Civil de Bukavu, «que huyeron de las atrocidades cometidas por el M23 en el territorio de Masisi y que ahora se ven doblemente afectadas a pesar de estar desplazadas».
Según la Coordinación de la Sociedad Civil, el objetivo del M23 es «asfixiar las ciudades de Goma cortando todos los suministros de alimentos procedentes de Kivu del Sur. Por eso también se bombardean los barcos que navegan por el lago Kivu».
La Coordinación de la Sociedad Civil de Bukavu pide al Consejo de Seguridad de la ONU que encargue al Fiscal de la Corte Penal Internacional que investigue los crímenes cometidos contra la población civil en la zona, y que imponga un embargo sobre la venta de armas a Ruanda y Uganda, acusadas de apoyar al M23; por último, pide a las organizaciones humanitarias que acudan en ayuda de los desplazados de Kivu Norte.
Crédito de la nota: Agencia Fides.
