Hay más de 476 millones de pueblos indígenas que viven en 90 países de todo el mundo, lo que representa el 6,2% de la población mundial. Los pueblos indígenas son los poseedores de una gran diversidad de culturas, tradiciones, idiomas y sistemas de conocimiento únicos. Tienen una relación especial con sus tierras y tienen diversos conceptos de desarrollo basados en sus propias cosmovisiones y prioridades.
Aunque numerosos pueblos indígenas en todo el mundo son autónomos, muchos de ellos todavía se encuentran bajo la autoridad última de los gobiernos centrales que ejercen el control sobre sus tierras, territorios y recursos. A pesar de esa realidad, los pueblos indígenas han demostrado ejemplos extraordinarios de buen gobierno, desde los iroqueses (pueblos nativos americanos) hasta el Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia.
La pandemia de Covid-19 ha expuesto y exacerbado muchas desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a poblaciones de todo el mundo que ya sufrían pobreza, enfermedad, discriminación, inestabilidad institucional o inseguridad financiera. Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, el contraste es aún más marcado. Está claro que en muchas de nuestras sociedades, el contrato social necesita una revisión, como mínimo.
Pero, ¿qué es un contrato social?
Un contrato social es un acuerdo no escrito que las sociedades hacen para cooperar por beneficios sociales y económicos. En muchos países, donde los pueblos indígenas fueron expulsados de sus tierras, sus culturas e idiomas denigrados y sus gentes marginadas de las actividades políticas y económicas, estos nunca fueron incluidos en ningún contrato social. El contrato social se hizo entre las poblaciones dominantes.
Durante los últimos años y décadas, varias sociedades han tratado de abordar este problema, incluso a través de disculpas, esfuerzos por la verdad y la reconciliación, reformas legislativas, así como reformas constitucionales. Mientras que, a nivel internacional, estos esfuerzos han incluido la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la creación de órganos asesores como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.
A pesar de la existencia de instrumentos internacionales para responder a estas desigualdades, no todos se embarcan en el viaje colectivo para garantizar que nadie se quede atrás, incluidos los pueblos indígenas. Por tanto, es necesaria la construcción y el rediseño de un nuevo contrato social como expresión de cooperación por el interés social y el bien común de la humanidad y la naturaleza.
El nuevo contrato social debe basarse en una auténtica participación y asociación que fomente la igualdad de oportunidades y respete los derechos, la dignidad y las libertades de todos. Y ello pasa por el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones, un componente clave para lograr la reconciliación entre los indígenas y los Estados.
Es por ello que este 9 de agosto, Día internacional de los Pueblos Indígenas, debemos reivindicar su inclusión, participación y aprobación en la constitución de un sistema con beneficios sociales y económicos para todos.
Crédito de la nota: comboni.org/ONU
